Recientemente un estudio realizado por Luis Morales con el tema “El Seguro Familiar de Salud en República Dominicana: Una reforma impostergable” señala que la salud constituye un mercado atípico y diferente a los otros en donde no es fácil definir con la claridad “quien es el que compra los servicios y qué es en realidad lo que compra; y cómo por efecto de estas relaciones aparentemente disfuncionales, se pueden llegar a afectar características del producto que se ofrece tales como su cantidad, calidad y especialmente su precio”.
Con la reforma de salud, señala el experto Luis Morales se “pretende crear un mercado altamente regulado en donde la participación de quienes actuarán como compradores y vendedores pueda llevarse a cabo de una manera transparente y equilibrada para lograr así mayor eficiencia y calidad de los servicios en beneficio de los usuarios.” En este modelo de salud, se espera que “se puedan comprar y vender seguros y servicios de salud, ofrecidos por parte de entidades públicas y privadas que compiten de diversas maneras, bien sea entre ellas (compradores con vendedores) o entre sí mismas (compradores con compradores y vendedores con vendedores) para lo cual deben cumplir con una serie de requisitos legales, técnicos y patrimoniales”.
El estudio de Luis Morales fue presentado en el XV Foro de Políticas Sociales y Bienestar sobre “Perspectivas y retos de la Reforma del Sector Salud”, organizado por el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS) de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Fundación Friedrich Ebert.
El modelo de salud dominicano trae consigo ventajas y desventajas desde el punto de vista de eficiencia social y equidad. Como ventaja principal el experto en salud señala que “existen sólidas evidencias que hacen pensar que las fallas sistémicas que afectan al actual modelo de salud serán mejoradas de manera importante, permitiendo avances significativos en materia de equidad en la financiación y acceso a los servicios, así como también en el mejoramiento en la gestión de los recursos, la capacidad de respuesta y la calidad en los servicios que ofrecen los hospitales públicos”.
En el país se ha adoptado el modelo de salud mediante el cual descentralizan varias funciones y, en segundo lugar, el acceso a los servicios de salud pasa a ser regido por la dinámica de la compraventa de servicios. Según el estudio de Luis Morales una de las principales desventajas de este modelo radica “en que se fragmenta la autoridad central que puede dar lugar a la pérdida de control por parte de los Ministerios de Salud sobre la operación de los tradicionales programas de salud pública que pueden llegar a afectar sus resultados; y a que se segmente el mercado de usuarios y se restrinja el acceso a poblaciones que no representan ingresos directos para la institución”.
Entre las innovaciones introducidas por el modelo de reforma dominicana, Morales destaca la manera en que los hospitales deberán de funcionar “los cuales pasarán a convertirse de manera gradual en entidades autónomas con personería jurídica y patrimonio propio, organizadas regionalmente en redes por niveles de complejidad, que deberán comportarse como empresas de carácter social que deben generar excedentes, los cuales estarían destinados a mantener y mejorar la cobertura y la calidad de los servicios que ofrecen”.
Otra conclusión que arrojó el estudio de Morales es que el proceso de reforma iniciado ofrece ”una enorme oportunidad sin precedentes en la historia del país para cambiar de manera significativa un sistema de salud”. Sin embargo, el experto difiere en relación a “la claridad del diseño y operativo que se quiere poner en marcha, la complejidad y por eso mismo la dificultad del proceso de implementación.”.
Para el estudio de Luis Morales una de las razones de esta dificultad a ser salvada radica en que el modelo de reforma requiere “la existencia de un Estado que posea instituciones con un cierto nivel de desarrollo y credibilidad, que le den la fortaleza que se requiere para asumir el liderazgo en su puesta en marcha y posterior control”. La segunda de las grandes dificultades identificadas en el estudio “se deriva de la profundidad de los cambios que se quieren poner en marcha, lo que necesariamente tocará intereses de poderosos actores en contienda como son ciertos sectores médicos, de clínicas privadas, de sindicatos del sector público, de empresas aseguradoras y de organizaciones sociales, quienes entienden que el establecimiento de un esquema de aseguramiento en un mercado altamente regulado puede ser una amenaza para su estabilidad económica según unos, o para la para la salud de la población según otros”.